Las grandes reformas introducidas por la Constitución de 1991, en los más diversos ámbitos de la vida nacional, han tenido especiales repercusiones en la manera como se han transformado las prácticas educativas. La institucionalización de un gran inventario de derechos (humanos, políticos, económicos y sociales, de cuarta generación) y de múltiples formas de participación ciudadana creó en este país un nuevo "imaginario político" que ha representado una inmensa transformación, porque ya las demandas que se hacen al Estado no se presentan bajo la forma de la asistencia social. Ya no es la "caridad cristiana" la que justifica la acción del Estado o la que inspira las exigencias de la población, sino el ejercicio de unos derechos consagrados explícitamente en la carta constitucional. Todo esto ha llevado a una especie de "empoderamiento" de los estudiantes en los planteles educativos, quienes han llegado a convertirse de esta manera en verdaderos actores directos de su propia formación.
